Abog. Marcos Pando Quichiz*

104 medio-ambienteLa contaminación ambiental es un hecho que afecta a todo el quehacer de la sociedad, hasta la vida; y los intentos por prevenirlas o amenguar las existentes, aún son muy débiles o sin mayor impacto real. Como ejemplo tomaremos lo que sucede en la cuenca del río Rímac; esta soporta un amplio rango de actividad minera, la que es particularmente intensa en las zonas más altas, tanto en la parte principal del Rímac como en la sub-cuenca de Santa Eulalia.

Lamentablemente el río Rímac recibe la descarga de residuos minerales, siendo éstos principalmente los sulfuros, entre los que se encuentran la calcopirita(sulfuro de cobre y hierro), esfarelita (sulfuro de zinc), galena (sulfuro de plomo), tetraedrita (sulfuro de cobre y plata), etc.; entonces observamos una serie de problemas referidos al impacto de la actividad minera en la cuenca del río Rímac, entre los que podemos destacar la liberación de drenaje ácido de mineralización sulfurosa;  liberación de altas cargas metálicas que generalmente, aunque no siempre, asociadas con condiciones ácidas; liberación de altas cargas de sedimentos; inundación o riesgo de inundación de corrientes por relaves u otros desechos sólidos y contaminación de aguas superficiales y subterráneas con sustancias peligrosas, tales como petróleo u otros hidrocarburos, reactivos y otros productos químicos. Tales problemas pueden influenciar la calidad de agua de todos los efluentes.

A decir del jurista ambientalista Daniel Yacolca[1]“en nuestra normativa constitucional, medioambiental, tributaria y administrativa, no existen regulaciones sobre tributación medioambiental. Este tema no sólo carece de normatividad especial sino también de información sobre su naturaleza y sus beneficios a la comunidad.

Muchos países han implantado tributos de tipo ambiental. Sin embargo, nuestro país no ha asumido el reto de utilizar dichos tributos para solucionar de manera eficiente el problema de la contaminación ambiental. Éste debe ser afrontado por el gobierno (central, regional y local), las empresas, las organizaciones ecologistas y los especialistas en la materia, con la finalidad de generar un crecimiento económico sostenible. Esto quiere decir, proteger el medioambiente a través de los medios de control social y las herramientas del derecho tributario (tributos medioambientales), el derecho administrativo (sanciones administrativas: multas, etc.) y el derecho penal (sanciones penales: penas privativas de la libertad, etc.).

El Art. 74 de la Constitución peruana, hace referencia a la facultad del Estado a ejercer su potestad tributaria a través del iusimperium, implementando cargas y desgravaciones tributarias. En función a ello el Estado cuenta con instrumentos tributarios para lograr fines prioritarios de la sociedad, entre los cuales está la necesidad de lograr cierto equilibrio entre el desarrollo económico y la necesidad de cuidar el ambiente.

La función constitucional de los tributos, es la de permitir al Estado cuente con los recursos económicos necesarios para que pueda cumplir adecuadamente con el fin esencial de brindar a sus ciudadanos el bienestar general, el cual se logra con el desarrollo nacional y la seguridad integral que se alcanza con la defensa nacional.[2]Así también los tributos cumplen la función constitucional vinculada a los valores superiores de justicia y solidaridad.

El pago de tributos es un deber constitucional implícito como lo expresa el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias: “Ciertamente, la creación de tributos, y la obligación de su pago por parte de los contribuyentes, supone una injerencia estatal sobre un ámbito patrimonial de las personas. No por ese hecho, sinembargo, los tributos deben considerarse contrarios al derecho de propiedad. Y ello porque, por un lado, como en múltiples oportunidades se ha resaltado, los derechos fundamentales y, entre ellos, el derecho de propiedad, no tiene el carácter de absolutos; y, por otro, el pago de los tributos, esto es, el deber de contribuir con los gastos públicos, constituye un principio constitucional implícito de nuestro estado democrático de derecho.”[3]

Por ello se hace necesario el desarrollo de normas tributarias bajo el principio “el que contamina paga”, como herramienta de gestión ambiental para regular la problemática de la contaminación ambiental que genera serios problemas de salud a la población; sean estos entes registrados (formales) o entes no registrados (informales)

Empecemos a buscar soluciones de los desequilibrios ambientales, ocasionados por la contaminación de aguas, la destrucción de la capa de ozono y la tala indiscriminada de árboles. Se debe hacer todo el esfuerzo por rescatar lo que se ha deteriorado, vinculando el tema del medio ambiente con la calidad de vida actual y de las de generaciones futuras.

*Dr. Marcos Pando Quichiz

Abogado Litigante.

Docente Universitario de la UNMSM

Ex Director de Inspección del Trabajo.


[1]YACOLCA, Daniel, Doctorando en Derecho de la PUCP. Master en Derecho Empresarial de la U. Lima, Fuente Palestra PUCP, Boletín electrónico de la Asociación de Egresados y Graduados PUCP – Artículos de interés, En http://aeg.pucp.edu.pe/boletin/deinteres/boletin2/derecho1_yacolca.pdf

[2]Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN, (1998)  “Desarrollo y Defensa Nacional,  Planteamientos Metodológicos y Doctrinarios“,  p10.

[3]Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 19 Dic 2003 en el Exp_Nº 2727_2002/AA/TC